LEP y Title VI sin misterio: lo que tu administración debe saber

Si tu organismo recibe fondos federales de Estados Unidos, como la mayoría de las administraciones de transporte, infraestructuras y servicios municipales, te afecta el Title VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Para las personas con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés), esta ley marca cómo informas de tus proyectos y cómo pueden participar los vecinos. Hacerlo mal supone un riesgo legal y económico, no solo una cuestión de buenas prácticas.

Qué exige el Title VI

El Title VI prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional en cualquier programa que reciba financiación federal. En el caso Lau v. Nichols (1974), el Tribunal Supremo consideró que no atender las barreras lingüísticas era discriminación por origen nacional según el Title VI, porque el idioma está muy ligado al origen.

Durante años, la Orden Ejecutiva 13166 (2000) desarrolló esa idea. Obligaba a las agencias federales, y a las entidades que financian, a tomar medidas razonables para que las personas LEP tuvieran un acceso real a sus servicios y programas.

Qué cambió en 2025

En marzo de 2025, la Orden Ejecutiva 14224 declaró el inglés idioma oficial de Estados Unidos y revocó la Orden Ejecutiva 13166. Desde entonces, el Departamento de Justicia ha retirado sus propias directrices sobre LEP y otras agencias federales están revisando las suyas.

El Title VI no ha cambiado. Es una ley aprobada por el Congreso, y una orden ejecutiva no puede derogarla. Lo que ha cambiado son las directrices federales que explicaban cómo cumplirla. Antes de tocar tu programa, revisa tres cosas:

• Tus convenios de subvención y compromisos firmados. Pueden seguir mencionando planes LEP o directrices concretas.
• Las normas vigentes de tu financiador. Las circulares y guías de la agencia federal que te financia, como la FTA o la FHWA, pueden haberse actualizado, retirado o seguir igual.
• Los requisitos estatales y locales. Algunos estados y ciudades tienen sus propias leyes de acceso lingüístico, que los cambios federales no afectan.

Sigue aplicando las directrices anteriores

Nuestro consejo es sencillo: sigue haciendo lo que pedían las directrices anteriores, aunque ya no sea obligatorio. Los vecinos que no dominan el inglés siguen viéndose afectados por tus proyectos y siguen mereciendo opinar sobre ellos. El Title VI sigue prohibiendo la discriminación por origen nacional, y las directrices anteriores siguen siendo la forma más clara y probada de demostrar que te lo tomas en serio.

Sobre todo, es lo correcto. Un aviso que nadie puede leer no informa a nadie.

Las cuatro partes de un programa de acceso lingüístico

Las directrices anteriores organizaban el acceso lingüístico en cuatro pasos prácticos:

1. Evalúa la necesidad. Usa datos del censo y datos locales para saber qué idiomas se hablan en la zona afectada por un proyecto y con qué frecuencia van a tener contacto con él los vecinos. Es lo que suele llamarse el análisis de cuatro factores.
2. Escribe un plan. Un plan de acceso lingüístico por escrito explica cómo vas a ofrecer traducción e interpretación y quién se encarga.
3. Traduce los documentos esenciales. Solicitudes, avisos públicos y formularios de reclamación, en los idiomas que necesitan tus vecinos.
4. Forma a tu equipo. El personal de atención al público aprende a reconocer cuándo alguien necesita ayuda con el idioma y cómo conseguírsela rápido.

¿Cuántos idiomas?

No hay una cifra federal única. Las directrices de 2005 del Departamento de Transporte establecían un “puerto seguro”: si traduces los documentos esenciales a cada idioma que hablen el 5 % o 1.000 personas de la población afectada, lo que sea menor, se presume que cumples con la traducción escrita. Las administraciones de las grandes áreas metropolitanas suelen acabar trabajando en una docena de idiomas o más.

Comprueba si tu financiador sigue remitiendo a ese criterio. Aunque ya no se aplique, sigue siendo una forma práctica y defendible de decidir qué idiomas necesita un proyecto.

Por qué importa más allá de cumplir

Un buen programa de acceso lingüístico evita reclamaciones, auditorías y el riesgo de perder fondos. También genera confianza. Cuando los vecinos pueden hablar con tu administración en el idioma en el que se sienten más cómodos, más gente acude a las reuniones, responde a las encuestas y aporta comentarios concretos que mejoran el proyecto.

Las administraciones que invierten en acceso lingüístico suelen escuchar a más parte de su comunidad, y antes, lo que significa menos sorpresas al final del proyecto.

Por dónde empezar

Tanto si necesitas un plan de acceso lingüístico desde cero como una revisión del que tienes, o traducción y líneas telefónicas multilingües para un gran proyecto, podemos ayudarte. Nuestro fundador ha dirigido la participación pública de más de 57 proyectos de infraestructuras, y nuestro equipo de participación pública traduce documentos a 16 idiomas.